Impulsan mayor protección penal para adultos mayores víctimas de delitos sexuales
* La iniciativa contempla agravantes por abuso sexual, violación y acoso sexual cuando el agresor se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o de una relación de cuidado, confianza o dependencia
* Durante 2019 fueron hospitalizadas por abuso sexual 86 mujeres adultas mayores; tres de cada cuatro casos ocurrieron en una vivienda y 56 por ciento no fue denunciado ante el Ministerio Público
Redacción
La diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, propuso reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de reforzar la protección de las personas adultas mayores frente al abuso sexual, la violación y el acoso sexual.
La iniciativa busca reforzar el marco penal vigente y establecer agravantes cuando el responsable se aproveche de condiciones relacionadas con la edad, alguna enfermedad o discapacidad, la dependencia física o económica, el aislamiento social o una relación de confianza, cuidado o asistencia.
Con estos cambios se busca que las autoridades cuenten con más herramientas para atender y sancionar las conductas que atenten contra la libertad, seguridad e integridad sexual de este sector de la población.
Mateos Hernández advirtió que las personas adultas mayores pueden enfrentar situaciones que aumentan su vulnerabilidad, sobre todo cuando dependen física, emocional o económicamente de familiares o personas encargadas de su cuidado.
De acuerdo con la Dirección General de Información en Salud, durante 2019 fueron hospitalizadas por abuso sexual 86 mujeres adultas mayores en el país. De esos casos, tres de cada cuatro ocurrieron en una vivienda y 56 por ciento no fue denunciado ante el Ministerio Público.
Por su parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que siete de cada 10 mujeres de 15 años y más han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida ya sea psicológica, física, económica, patrimonial, sexual o discriminación.
A esta situación se suma el crecimiento de la población adulta mayor. La esperanza de vida en México pasó de 59.9 años en 1970 a más de 75 años en la actualidad, lo que ha generado un crecimiento importante de este grupo de la población lo que, a su vez, obliga a fortalecer las políticas públicas, los programas y las herramientas jurídicas dirigidas a este sector.
Asimismo, el Estudio sobre la discriminación hacia las personas mayores en el acceso a la justicia en la Ciudad de México, elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), señala la importancia de generar condiciones que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores y eliminen las barreras que puedan limitar su acceso efectivo a la justicia
La iniciativa menciona el caso de Agustina Martínez, una mujer de 106 años que fue localizada en su domicilio de la colonia San Martín de Xochinahuac, en la alcaldía Azcapotzalco, con signos de violencia física y posibles indicios de agresión sexual. Posteriormente falleció a causa de las lesiones sufridas.
De igual manera, en Chiautla de Tapia, una mujer de 68 años fue agredida sexualmente durante un robo cometido en su domicilio. Asimismo, en Veracruz se registraron casos de mujeres adultas mayores víctimas de violencia sexual dentro de sus hogares, evidenciando que este tipo de agresiones pueden ocurrir en espacios donde las víctimas deberían contar con condiciones de seguridad y protección.
Estos hechos muestran que la violencia sexual contra las personas adultas mayores
puede presentarse en diversos contextos. Por ello, en la propuesta se subraya que garantizar “una vejez digna, plena y libre de violencia” es una responsabilidad permanente del Estado y que la protección de las personas adultas mayores debe comprender todos los ámbitos de su vida.
En este sentido, el Gobierno de México ha consolidado una política de bienestar dirigida a las personas adultas mayores mediante acciones orientadas a garantizar su seguridad económica y protección social. Entre ellas destaca la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa que fue elevado a rango constitucional y que reconoce el derecho de las personas de 65 años y más a recibir un apoyo económico universal, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.
En la Ciudad de México, la iniciativa destaca la estrategia “Ciudad que Cuida a Quien Cuida”, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, que contempla el fortalecimiento de un Sistema Público de Cuidados, así como la creación y ampliación de infraestructura social, espacios comunitarios y servicios de acompañamiento para quienes requieren atención.
Finalmente, Elizabeth Mateos señaló en su propuesta que estos avances deben ir acompañados de disposiciones penales que permitan sancionar los delitos de acuerdo con su gravedad y con las circunstancias en las que fueron cometidos. El objetivo es proteger la dignidad, integridad y derechos de las personas adultas mayores.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
