Fortalecer las aduanas y combatir la corrupción, prioridad frente al huachicol fiscal
* El huachicol fiscal representa una pérdida multimillonaria para la Hacienda pública
* La nueva legislación pondrá el foco también en quienes compran combustible ilegal, como gasolineras, empresas mineras, contratistas de obra pública y grandes líneas de transporte
La modernización tecnológica, la fiscalización y el fortalecimiento institucional de las aduanas son fundamentales para cerrar espacios a la evasión y al contrabando
Redacción
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar subrayó que el combate al huachicol fiscal debe mantenerse como una prioridad de la política hacendaria y aduanera del país, debido a las pérdidas que genera para la Hacienda pública, al deterioro de la competencia económica y a las ventajas ilegales que obtienen las redes dedicadas al contrabando y la evasión.
El legislador adelantó que presentará una nueva legislación en materia de robo y contrabando de combustibles, con el propósito de fortalecer las herramientas del Estado para prevenir, investigar y sancionar estas conductas, así como para atender toda la cadena que permite que el combustible ilegal llegue al mercado.
“México necesita una estrategia integral. No basta con detener al que introduce ilegalmente el combustible; tenemos que voltear también hacia quienes lo compran, lo distribuyen y se benefician de él”, afirmó.
Ramírez Cuéllar señaló que entre los principales compradores deben considerarse gasolineras, empresas mineras, contratistas de obra pública y grandes líneas de transporte, entre otros sectores que utilizan volúmenes importantes de combustibles. Por ello, planteó reforzar los mecanismos de supervisión, trazabilidad y comprobación del origen legal del combustible que adquieren y comercializan.
Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer las aduanas mediante herramientas tecnológicas, sistemas de marcaje químico y mecanismos de trazabilidad que permitan identificar el origen, composición y recorrido comercial de los combustibles.
El diputado consideró indispensable complementar estas medidas con una estrategia anticorrupción que permita identificar y desarticular las redes de complicidad, así como con mayores facultades de fiscalización y coordinación entre autoridades hacendarias, aduaneras, fiscales y de seguridad.
De igual manera, señaló la conveniencia de revisar el marco jurídico en materia de extinción de dominio para fortalecer las herramientas con las que cuenta el Estado frente a los bienes y recursos vinculados con actividades ilícitas, particularmente cuando existan elementos que acrediten su relación con estas redes.
Ramírez Cuéllar enfatizó que combatir el huachicol fiscal exige actuar sobre toda la cadena: quienes introducen ilegalmente los combustibles, quienes los financian, quienes los comercializan y quienes los adquieren con conocimiento de su origen ilícito.
“El fortalecimiento de las aduanas no sólo es un asunto de recaudación. Es una política de justicia económica que permite proteger a las empresas que cumplen con la ley, combatir prácticas ilegales y asegurar que los recursos públicos se destinen a las prioridades nacionales”, sostuvo.
Finalmente, afirmó que la nueva legislación deberá articular modernización aduanera, fiscalización, trazabilidad, marcaje de combustibles, estrategia anticorrupción y un marco jurídico sólido, con el objetivo de cerrar los espacios al huachicol fiscal y fortalecer la Hacienda pública.
“Vamos a combatir este fenómeno desde el origen hasta el destino. Se trata de recuperar recursos para el Estado, proteger a quienes cumplen con la ley y evitar que el robo de combustibles siga convirtiéndose en un negocio para redes delincuenciales”, concluyó.