Avanza en la comisión permanente acuerdo para solicitar auditorías al Gobierno de Nuevo León
* La propuesta del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar solicita a la Auditoría Superior de la Federación revisar de manera integral contratos de servicios y obra pública
* La fiscalización abarcaría recursos federales ejercidos durante la administración del gobernador Samuel García
Redacción
La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a determinar e iniciar una auditoría integral a los recursos federales transferidos y ejercidos por el Gobierno del Estado de Nuevo León.
El acuerdo aprobado en comisión -que deberá continuar el trámite legislativo correspondiente- plantea revisar de manera particular los contratos de prestación de servicios y ejecución de obra pública financiados total o parcialmente con aportaciones, subsidios, convenios, reasignaciones y otras transferencias federales durante la administración del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.
La proposición advierte que la contratación de servicios y la ejecución de obra pública constituyen áreas particularmente sensibles a irregularidades como adjudicaciones injustificadas, sobrecostos, servicios no prestados, obras inconclusas, conflictos de interés y transferencias a terceros. Por ello, solicita examinar contratos, pagos, transferencias, subcontrataciones, empresas relacionadas, servicios efectivamente prestados y el destino final de los recursos.
El documento recoge señalamientos públicos sobre posibles triangulaciones mediante empresas proveedoras del gobierno estatal y sociedades vinculadas con personas cercanas al mandatario. También refiere que un despacho relacionado con el gobernador y su familia habría destinado más de 81 millones de pesos a una campaña de comunicación en redes sociales a través de una empresa que, al mismo tiempo, habría sido proveedora del Gobierno de Nuevo León.
Estos hechos exigen una revisión técnica, independiente y sustentada en documentación verificable que permita esclarecer el origen, recorrido y destino de los recursos federales involucrados.
“Cuando existen señalamientos de esta gravedad, la respuesta del Estado debe ser una fiscalización profesional, sin excepciones. Los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y cada peso gastado debe ser explicado”, afirmó Ramírez Cuéllar.