Piden al Estado cumplir sus obligaciones con clase campesina

* A 107 años de la masacre del General Emiliano Zapata Salazar y su Estado Mayor, sigue aislamiento y exclusión del campo

* UCD requiere un programa agrario de Renacimiento Nacional Campesino y una política contra el menosprecio del campesinado

* Reclama presupuesto justo, suficiente y que cumpla sus obligaciones el Estado a través del Sector Agrario Federal

Por Guillermo Pimentel Balderas

El Ingeniero agrónomo José Duran Vera, coordinador nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD) asevera que la lucha del General Emiliano Zapata Salazar por la recuperación de la tierra de las comunidades y los derechos de la clase campesina fueron (y son) el signo más relevante de su vida.

“El movimiento revolucionario que encabezó logró la propiedad de la Nación sobre el territorio y sus recursos naturales, además de regular la restitución y dotación de tierras a los pueblos que habían sido despojados, formalizando además el proceso de redistribución de la tierra. Sin duda, por ello, los terratenientes y latifundistas orquestaron su asesinato hace 107 años, no obstante, jamás han logrado borrar la huella de uno de los mexicanos más ilustres de nuestra historia”, resalta.

En breve charla con este reportero, el luchador agrario y campesino enfatiza que, hoy, reclaman un programa agrario de Renacimiento Nacional Campesino y una política contra el menosprecio del campesinado y el sacrificio del sector rural para favorecer el desarrollo de la gran industria trasnacional.

¡“Enfáticamente, reclamamos un presupuesto justo y suficiente para el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano con la clase campesina a través del Sector Agrario Federal”!

Recuerda que los derechos de los campesinos establecidos en el artículo 27 constitucional lograron después de 100 años que la mitad de nuestro país adoptara la forma de  propiedad más avanzada en Latinoamérica, es decir la propiedad social en México.

Sin embargo, lamenta que las instituciones del Estado, antes y después de la Reforma de 1992, violentaron el derecho a la Seguridad Jurídica de la Tierra Campesina generando innumerables conflictos por sobre posición de planos, obstaculizando la ejecución complementaria de Resoluciones Presidenciales, impulsando infinidad de expropiaciones por supuesta causa de utilidad pública sin procedimientos apegados a derecho, deteniendo la regularización a favor de los legítimos poseedores de Terrenos Nacionales, Ordenamiento de las Colonias Agrícolas y Ganaderas y la ineficiencia administrativa para culminar con los expedientes de rezago agrario.

Aunado a lo anterior, el ingeniero agrónomo de profesión señala que, de acuerdo a su comunicado de prensa, “en los últimos decenios la propiedad social enfrenta nuevas invasiones y despojos por el crecimiento urbano y la acción de grupos de la delincuencia organizada. Enfrentamos también el envejecimiento de los titulares de los derechos agrarios y la ineficiencia en la organización interna de los ejidos y las comunidades para actualizar los censos, la sucesión y la actualización de sus órganos de representación”, apunta.

Reprueba que los dueños de la propiedad social en ejidos y comunidades no merecen el Sector Agrario de la Administración actual, por lo que seguirán luchando por una transformación real y verdadera del mismo, incluyendo la obligación del Estado Mexicano para impartir Justicia Agraria.

“Exigimos una reforma a fondo del sistema nacional de impartición de justicia agraria; es decir, de los Tribunales Unitarios Agrarios y Superior Agrario en el territorio nacional y el perfeccionamiento del juicio agrario y la ejecución de sus sentencias”.

Agrega: “Especialmente, reclamamos la resolución de los expedientes agrarios de nuestra organización (UCD) en todo el país, sobre todo en Chihuahua, Estado de México, Chiapas, Campeche, Guerrero, Guanajuato, Durango, Morelos, Puebla, Querétaro, Veracruz, Quintana Roo, Sonora y Michoacán”.

Asimismo, el dirigente agrarista refiere que la resolución de los conflictos agrarios que enfrentan, destaca la invasión de 7644 hectáreas a la comunidad zapoteca de San Pedro el Alto, Municipio de Zimatlán de Álvarez en el Estado de Oaxaca, donde hasta hoy priva la impunidad ante la comisión de delitos del orden común y federal, cometidos por los invasores y la visión errónea de intentar resolver el conflicto insistiendo en una supuesta conciliación que sólo provoca omisión y pone en entredicho la capacidad del Gobierno Federal para asumir su papel de garante de la legalidad. “Insistimos en el respeto a los Derechos Humanos y el Retorno a sus Hogares de las Víctimas del Desplazamiento Forzoso”, emplaza.

Por cierto, la comunidad zapoteca de San Pedro el Alto, están muy desesperados y han buscado los medios para llegar hasta la presidenta Claudia Sheinbaum (inclusive en la conferencia de prensa Del Pueblo, la mañanera, sin suerte) para exponerle directamente su difícil situación.

Durán Vera recuerda que el General Emiliano Zapata Salazar inicio el proceso de recuperación de la tierra para la clase campesina con la promulgación del Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911.

“De diversas formas, dirigentes campesinos, grupos organizados de forma aislada y posteriormente con la constitución de organizaciones sociales campesinas, hemos mantenido la defensa de esta propiedad social para beneficio de las próximas generaciones y las familias de quienes trabajamos la tierra para producir alimentos y prosperidad económica a pesar de los múltiples intentos de los herederos del latifundismo que permanentemente han intentado oponerse a la lucha agraria”. Enfatiza: “Ni siquiera la reforma Salinista (del ex presidente priista Carlos Salinas de Gortari) de 1992 ha logrado la privatización mayoritaria de los ejidos y comunidades ante la resistencia de nuestro pueblo”.

Con esta motivación, explica, “el 10 de abril de 2024, algunas Organizaciones Campesinas firmamos con la actual Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, un acuerdo para atender la compleja problemática de la estructura agraria de nuestro país y la vigencia de los derechos campesinos, conviniendo que se atendería el rezago agrario, los conflictos agrarios y medioambientales en el medio rural, haciendo eficiente y eficaz al sector agrario con adecuaciones institucionales y atención inmediata a las luchas campesinas”.

Sin embargo, José Durán Vera deplora: “después de dos años la realidad nos obliga a señalar y a seguir demandando una Política Agraria consecuente con las luchas históricas del Campo Mexicano, modificación legislativa de la Reforma Salinista y sus leyes y reglamentos, así como una estructura administrativa con funcionarios capaces y comprometidos con el derecho agrario y programas administrativos que atiendan nuestro reclamo”, hace hincapié.

¡Seguimos presentes General!. ¡VIVA EL GENERAL EMILIANO ZAPATA!, proclama.