Los alcaldes no pueden gobernar de espaldas a la sociedad

“Es importante y necesario que los  alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México resuelvan los problemas que se suscitan en sus demarcaciones con diálogo, acercamiento con la población, así como con mesas de trabajo con los inconformes, no vamos a tolerar que la discrecionalidad administrativa se convierta en abuso.

No vamos a normalizar el autoritarismo. La ley, además de proteger derechos, establece límites a la actuación pública para que la política local se ejerza con responsabilidad, transparencia y respeto a los derechos humanos”.

Lo anterior fue señalado por la diputada y Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios al presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de alcaldías de la Ciudad de México, en  materia de mesas de trabajo ciudadanas y responsabilidad por omisión.

Sobre este mismo punto, la representante popular le pidió a la sociedad que ejerzan su derecho a participar; y que exijan el cumplimiento de los acuerdos alcanzados; “hagan de la participación un instrumento legítimo de gobernanza. Los alcaldes no pueden gobernar de espaldas a la sociedad”.

Asimismo, señaló Sánchez Barrios “escuchar a comerciantes, vecinos, trabajadores, jóvenes y organizaciones sociales no es un acto de cortesía democrática, sino una obligación política. Las soluciones definitivas sólo pueden construirse mediante acuerdos, corresponsabilidad y participación efectiva. La política encuentra su mayor legitimidad cuando transforma el conflicto en diálogo y las demandas sociales en soluciones concretas”.

Por todo lo anterior, dijo, “presento esta iniciativa con el objetivo de insistir, con urgencia, en la obligación por parte de las alcaldías en asistir, participar y dar seguimiento real a las mesas de trabajo ciudadanas, así como a responder por omisión cuando incumplan con los acuerdos relacionados a las mismas.

La crisis de gobernabilidad en muchas alcaldías no se resolverá con operativos mediáticos, decisiones unilaterales ni discursos de confrontación”.

Por otra parte, la representante popular consideró que debido a la complejidad de los problemas urbanos es importante abrir espacios permanentes de diálogo entre autoridades y ciudadanía por que la ausencia de mesas de trabajo reales ha profundizado la distancia entre quienes gobiernan y quienes viven diariamente las consecuencias de las decisiones públicas.

Es así como considero que dicha iniciativa que presentó el día de hoy  “es una respuesta necesaria a la fractura de la confianza por parte de la ciudadanía, provocada por la inasistencia, la discrecionalidad y, en ocasiones, el autoritarismo de parte de algunas autoridades locales.

Y señaló, la diputada que las mesas de trabajo son lugares donde se identifican problemas, se construyen soluciones y se acuerda el seguimiento a las mismas. “Cuando las autoridades no se presentan, envían representantes sin capacidad de decisión, o incumplen compromisos, se está arrebatando a la ciudadanía la posibilidad de incidir en decisiones que afectan su vida y su sustento”.

Por lo que consideró que ese vacío es un agravio directo a la democracia y a los Derechos Humanos. “Tenemos, además, evidencia reciente que nos obliga a actuar con responsabilidad.

Hace pocos días, en la Zona Rosa de la Ciudad de México, sucedieron operaciones y actuaciones de autoridades locales que, según testimonios y evidencias, derivaron en hostigamiento y afectaciones a comerciantes del espacio público y a personas que dependen de su actividad económica”.

A sus pares en el Congreso de la Ciudad de México les comentó que por medio de la iniciativa que presento no viene a reproducir titulares, ni a fabricar culpables; “vengo a señalar el patrón que se repite: actos de molestia injustificados, operativos precipitados, sanciones aplicadas sin diálogo y sin agotar mecanismos de concertación”.

Concluyó la diputada que esa forma de actuar no sólo perjudica a quienes trabajan en la vía pública —mujeres y hombres que sostienen a sus familias con su trabajo diario— sino que también atenta contra el principio constitucional que los obliga a garantizar mecanismos efectivos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

Y agregó “cuando una alcaldía actúa de forma autoritaria, se vulnera el derecho de la ciudadanía a ser escuchada, así como a la tutela efectiva de sus intereses.

La propuesta que hoy pongo a su consideración es concreta: incorporar en la Ley Orgánica de Alcaldías la obligación de asistir y participar en las mesas de trabajo ciudadanas con representantes que tengan capacidad de decisión; establecer plazos y procedimientos para el cumplimiento de acuerdos; exigir justificaciones fundadas, técnicas y motivadas cuando exista imposibilidad; y remitir estas justificaciones a la Contraloría para su evaluación”.

Aclaró que con lo anterior “no se trata de impedir la gestión; se trata de exigir gobernanza responsable. La propuesta de reforma ofrece vías para la justificación técnica, presupuestal o jurídica legítima.

Lo que no se puede permitir es la repetición de prácticas que convierten el ejercicio del poder local en un espectáculo propio de sistemas no democráticos”.

Al dirigirse a los comerciantes del espacio público, y a las personas en situación de vulnerabilidad les dijo : “La propuesta que hoy presento tiene como objetivo defender su derecho a ser escuchados y a no ser objeto de medidas arbitrarias que pongan en riesgo su sustento. Su voz debe tener efectos vinculantes cuando se alcanzan acuerdos en un espacio público de diálogo.

Compañeras y compañeros legisladores:

Esta reforma envía un mensaje claro: no vamos a tolerar que la discrecionalidad administrativa se convierta en abuso. No vamos a normalizar el autoritarismo. La ley, además de proteger derechos, establece límites a la actuación pública para que la política local se ejerza con responsabilidad, transparencia y respeto a los derechos humanos”.