Iniciativa de Diana Sánchez busca que no se retiren o coloquen monumentos de forma unilateral como sucedió en la Cuauhtémoc

“Es importante e interesante establecer que ninguna alcaldía pueda retirar, mover o instalar un monumento sin un dictamen previo obligatorio de un órgano colegiado.

Por lo que hay que garantizar que en ese órgano exista participación ciudadana real, con representación vecinal por alcaldía, con paridad de género y con inclusión de poblaciones históricamente excluidas.

Y tercero —esto es fundamental—: que esas decisiones no sean válidas si no cuentan con esa participación. Es decir: pasamos de decisiones verticales… a procesos democráticos”.

Es así , con base en lo anterior, como la legisladora y Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de las alcaldías de la capital y la Ley Orgánica del Congreso de esta ciudad, en materia de Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Perspectiva de Género en la toma de decisiones sobre monumentos y obras artísticas en el espacio público.

La representante popular comentó que las decisiones sobre monumentos no son actos menores, sino determinaciones de alto impacto cultural, simbólico y social que inciden en el derecho a la ciudad y en la memoria colectiva.

Y agregó, “hoy el marco jurídico permite que esas decisiones se tomen desde la unilateralidad. Por eso proponemos cambiarlo”.

Asimismo, señaló la representante popular que dicha iniciativa busca que haya diálogo antes que confrontación, deliberación antes que imposición, comunidad antes que autoritarismo porque , de acuerdo a Sánchez Barrios el patrimonio cultural no le pertenece a una persona en el poder si no a la gente.

Y que el espacio público no puede utilizarse como un instrumento ideológico para borrar lo que incomoda por lo que, dijo, se debe entender que gobernar no es imponer una visión, sino construir acuerdos en una ciudad profundamente plural.

Además, recalcó que mediante la presente reforma se busca dotar de una facultad expresa al Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Derechos Culturales para llevar a cabo, mediante convocatoria pública, la designación de personas ciudadanas que funjan como representantes de las comunidades en los órganos colegiados o en las sesiones en las que se deliberan y votan decisiones relativas a la instalación, modificación o remoción de monumentos y obras artísticas en el espacio público.

Por lo anterior, comentó, “resulta jurídicamente necesario llevar a cabo una reforma integral y armónica de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con el objeto de establecer disposiciones legales claras y obligatorias que garanticen la participación ciudadana y vecinal, mediante mecanismos institucionalizados y democráticos, en las decisiones relativas a la instalación, modificación o remoción de monumentos y obras artísticas en el espacio público”.

Para apuntalar dicha iniciativa, la legisladora Diana Sánchez Barrios puso como ejemplo lo sucedido en la alcaldía Cuauhtémoc cuando la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega retiró las figuras del “Che” Guevara y  Fidel Castro.

Así lo dijo: “lo que ocurrió en la Alcaldía Cuauhtémoc — documentado incluso por medios nacionales e internacionales— no puede pasar desapercibido. Me refiero a la decisión unilateral de retirar las esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara en la colonia Tabacalera.

Sobre lo anterior concluye que desde la sociología del espacio público, el mensaje es claro: “el espacio público no es solo un lugar físico, es un campo de poder.

El espacio se produce socialmente, y quien lo controla, controla también la narrativa, la memoria y los símbolos que nos representan como sociedad”.

Por eso, cuando una autoridad decide retirar un monumento de manera unilateral, no está haciendo solo una acción administrativa: está ejerciendo poder sobre la memoria colectiva.

Y, agregó Sánchez Barrios que  “cuando ese poder no tiene contrapesos, ni participación, ni deliberación… lo que tenemos es una forma de dominación simbólica. Eso fue lo que pasó en la Cuauhtémoc.

Se utilizó el espacio público como herramienta de decisión política unilateral, sin reconocer que ese espacio pertenece a todas y todos.

Aquí hay que decirlo con toda claridad: en democracia, la memoria no se borra por decreto. Se discute, se problematiza y se resignifica colectivamente. Y es justamente ahí donde entra nuestra iniciativa. Porque esta iniciativa no nace en el vacío. Nace como respuesta a este tipo de actos”.

Por otro lado, dejó en claro que no defiende estatuas, sino el derecho de la ciudadanía a decidir sobre su espacio.

Por lo que concluyó diciendo “frente a quienes creen que pueden decidir solas o solos sobre lo que permanece o desaparece del espacio público, respondemos con una propuesta clara: más participación, más derechos y más democracia”.