Derechos plenos a la comunidad transexual en la carta magna
* La diputada Diana Sánchez Barrios presentará una iniciativa de iniciativas que ya cabildea en gobernación, en el Senado y en Congreso de la Unión
Redacción
Una reforma al artículo 73 constitucional para incluir explícitamente la facultad del Congreso de la Unión para que contemple los derechos de las personas transexuales y se termine la violencia estructural que pone obstáculos para acceder a acciones de salud, empleo, justicia, educación, vivienda, para este sector de la población, demandaron representantes y legisladoras de esta comunidad.
En conferencia de prensa el día de hoy , la diputada Diana Sánchez Barrios refirió que el párrafo 5 del Artículo 1 de la Constitución de la Ciudad de México ya establece claramente estos derechos para la población transexual, por lo que “no se busca una Ley integral trans” sino que se contemple a nivel federal.
“Se trata de que nos reconozcan, que nos visibilicen, por preferencia sexual, por característica sexual, por identidad de género. Hoy más que nunca con una presidenta de la República, Claudia Sheinbaum que pugna por un humanismo por el bienestar de todas y todos, que es feminista; con una Jefa de Gobierno, Clara Brugada, con reconocimiento pleno a los derechos de la comunidad LGTTTIQ+; con un gobierno de izquierda, no dudo que se den más espacios, más clínicas, para la diversidad”.
Acompañadas por representantes de varios estados de la República, la también coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Sánchez Barrios informó que hay cabildeo con la subsecretaría de Gobernación, con el Senado de la República y el Congreso de la Unión para plantear una iniciativa de iniciativas en la materia.
La diputada local de Puebla, Gabriela Chumacero refirió que debe actualizarse la legislación a nivel nacional con el fin de que exista el reconocimiento pleno de los derechos de las personas transexuales, y alinear a México con los convenios internacionales en la materia.
También Melani KInston resaltó la importancia de un pacto constitucional que reintegre la dignidad a las personas trans porque muchos jóvenes están siendo expulsados de sus casas y de sus escuelas por discriminación a su preferencia y característica sexual, hay obstáculos para obtener un empleo.
A su vez, Manuela Reyes citó que la recomendación 42/2024 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos insta al Estado mexicano a garantizar los derechos a la comunidad, pero debe contemplar la obligación del Congreso de la Unión a legislar sobre la materia, como es el caso de los trans adultos mayores que tienen deficiencias físicas, mentales, económicas y son excluidos de derechos y libertades.
Isaac Alexander, del Colectivo Traslúcido refirió que somos el segundo país con más crímenes de odio, tan sólo de enero a mayo de este año se registraron 325 transfeminicidios; y la comunidad trans padece un 63.5 por ciento de violencia y un 18.8 por ciento recibe una negativa de empleo.
Mientras que Kachira de Nayarit sostuvo que el promedio de vida en México de una persona transexual es de 25 a 40 años, por la falta de una política de asistencia de servicios médicos, actualización del personal para un trato igualitario.
Finalmente, Alejandra Salazar destacó que, en Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Querétaro, Durango y Chiapas, todavía no existe una legislación que garantice los derechos de la comunidad, mientras que la Constitución general establece en su artículo primero el derecho a la identidad de género como un derecho humano y prohíbe toda forma de discriminación.
