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“Iztapalapa y SIPINNA cierran filas contra la violencia sexual infantil: La infancia no puede esperar”

* La alcaldía suscribe el compromiso de aplicar Niñas Sí, Madres No, una estrategia que avanza en los territorios de México para proteger a las niñas, atender las violencias y transformar las prácticas que las normalizan
Redacción
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Alcaldía de Iztapalapa suscribieron el compromiso de aplicar de manera coordinada la estrategia Niñas Sí, Madres No. Por una vida libre de violencia y un futuro pleno, para fortalecer la respuesta institucional y comunitaria frente a la violencia sexual infantil.
El compromiso tiene un propósito concreto: llevar la estrategia a la vida cotidiana de las niñas mediante acciones articuladas de protección, detección temprana, atención integral y restitución de derechos. Su alcance comprende la erradicación de la violencia sexual y del embarazo infantil, así como la prevención del embarazo adolescente.
En este marco, la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz destacó que ante un embarazo en una niña la respuesta institucional debe ir más allá de la atención médica y garantizar protección frente a la violencia, acceso a la salud y la justicia, permanencia o regreso a la escuela y acompañamiento para la restitución de sus derechos.
Señaló que como parte de las acciones preventivas, Iztapalapa ha realizado 266 talleres de salud sexual y reproductiva, que han beneficiado a 9 mil 310 personas de entre 10 y 19 años, y ha colocado 2 mil 248 implantes subdérmicos, acompañados de orientación y preservativos como parte de la estrategia de doble protección.
Asimismo, dijo, durante 2026 la estrategia De la A a la Z. Trazaremos la Meta ha intervenido en 44 escuelas públicas, beneficiando a 32 mil 700 alumnas y alumnos, además de las jornadas de salud sexual y reproductiva realizadas en planteles de CETIS, CONALEP, Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana.
La alcaldesa enfatizó que la prevención es una responsabilidad compartida que debe involucrar a familias, escuelas, instituciones, niños, adolescentes y hombres, y llamó a fortalecer la capacidad de las personas servidoras públicas para detectar y atender oportunamente situaciones de riesgo.
“¡Niñas sí! Niñas estudiando, jugando, aprendiendo, participando, soñando y construyendo su futuro. ¡Madres no! No mientras sean niñas!”, afirmó.
Comentó que la estrategia de SIPINNA, que parte de un diagnóstico elaborado con participación técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), tendrá un enfoque territorial y comunitario en la demarcación, con especial atención a zonas como Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y la Sierra de Santa Catarina, donde se identifican importantes concentraciones de población adolescente y barreras de acceso a servicios de salud y educación.
La importancia de esta firma está en convertir el compromiso público en trabajo territorial: coordinar a las instituciones, fortalecer las rutas de atención y movilizar a familias, escuelas y comunidades para que las niñas encuentren protección oportuna y puedan ejercer plenamente sus derechos.
La firma en Iztapalapa expresa una decisión de liderazgo y responsabilidad pública: organizar una respuesta que llegue a las niñas y transforme sus entornos. Cada compromiso debe contribuir a que vivan su infancia con seguridad, dignidad y libertad.
La urgencia está documentada. El Manifiesto Nacional, fechado el 26 de septiembre de 2026, señala que en 2025 se registraron 7 mil 887 nacimientos en niñas de 10 a 14 años, aproximadamente 22 cada día. Aunque reporta una disminución de 24.9% entre 2018 y 2025, advierte que la magnitud del fenómeno exige sostener y fortalecer la respuesta.
Además, el documento indica que en 2024, el 53.8% de estas niñas vivía en ciudades. La violencia sexual infantil requiere actuar también en los entornos urbanos, donde la cercanía de los servicios debe traducirse en acceso efectivo a protección, salud, educación y justicia.
Tres fases para llevar la protección al territorio
La estrategia organiza su implementación en tres fases complementarias:
• Autoridades y municipios protectores de derechos. Fortalece las capacidades institucionales y la coordinación para ofrecer respuestas oportunas, rutas claras de atención y seguimiento de los casos, sin revictimización.
• Hogares y escuelas como espacios seguros. Activa a familias, comunidades educativas, niñas y adolescentes para construir redes de confianza, reconocer señales de violencia y saber dónde acudir. La responsabilidad de proteger corresponde a las personas adultas y a las instituciones.
• Hombres y liderazgos protectores de derechos. Convoca a los hombres a asumir compromisos concretos, romper pactos de silencio y transformar las conductas y creencias que toleran, justifican o encubren la violencia sexual.
La participación decidida de los hombres es fundamental para sostener el cambio cultural. La protección exige cuestionar el machismo, rechazar la sexualización de las niñas y actuar frente a las violencias en las familias y comunidades.
Para orientar este trabajo, la estrategia cuenta con cinco decálogos y sus respectivas guías de cumplimiento, dirigidos a autoridades, familias, niñas y adolescentes, escuelas y hombres responsables. Estas herramientas permiten traducir los compromisos en acciones concretas y dar seguimiento a su realización.
Una respuesta nacional que se construye desde lo local Con la incorporación de Iztapalapa, la estrategia da un nuevo paso en su avance por los territorios de México. Su implementación reconoce y fortalece las acciones que ya realizan las instituciones y comunidades, y las articula mediante diagnóstico, planeación conjunta, ejecución y seguimiento.
Convoca a las instituciones de salud, educación, seguridad, procuración de justicia, protección de derechos, igualdad y desarrollo social, entre otras, a participar conforme a sus atribuciones y bajo un propósito compartido.
Su carácter es participativo: promueve formación, acompañamiento y corresponsabilidad. Este enfoque fortalece las obligaciones institucionales de proteger a las víctimas, investigar las violencias y garantizar acceso a la justicia y restitución de derechos.

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