Busca partido verde fortalecer la gobernanza ambiental y la participación ciudadana
* Se plantea que las opiniones, observaciones y propuestas formuladas durante la consulta pública sean analizadas y consideradas por la autoridad, y cuenten con una respuesta fundada y motivada
Redacción
Con la finalidad de fortalecer la confianza pública en las instituciones ambientales, así como dotar de mayor claridad, transparencia y trazabilidad a los mecanismos de participación ciudadana en las evaluaciones de impacto ambiental, el senador Gilberto Hernández Villafuerte, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar los artículos 34, 35 Bis, 157 y 159 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El senador explicó que, en materia de protección al ambiente, la participación ciudadana puede enriquecer la información disponible para las autoridades, aportar conocimientos locales e incluso ayudar a identificar riesgos que podrían no advertirse durante una evaluación exclusivamente técnica.
Detalló que si bien nuestra legislación permite que, durante la evaluación ambiental de determinadas obras o actividades, las personas puedan acceder a la información, solicitar consultas públicas, participar en reuniones públicas, formular observaciones y proponer medidas adicionales de prevención y mitigación, “existe una diferencia importante entre tener una posibilidad de participar y saber qué ocurrió con nuestra participación”.
Por ello, explicó que su iniciativa busca fortalecer la gobernanza ambiental y la participación ciudadana, para lo cual se plantea que las opiniones, observaciones y propuestas formuladas durante la consulta pública sean analizadas y consideradas por la autoridad, y cuenten con una respuesta fundada y motivada.
Además, se busca que estas aportaciones y sus respuestas sean públicas y accesibles, y que al concluir una evaluación exista claridad sobre cómo fueron consideradas, y en su caso, cómo se incorporaron a las medidas destinadas a prevenir, mitigar y compensar posibles impactos ambientales.
Finalmente, recalcó que el propósito de la reforma no es que toda opinión ciudadana determine la decisión de la autoridad, sino garantizar que la participación tenga una consideración institucional efectiva, transparente y verificable, y que la ciudadanía pueda acceder a la información, formular observaciones y propuestas, conocer la valoración realizada por la autoridad y contar con decisiones debidamente justificadas.