Valentina Batres propone redefinir el derecho a la vivienda desde una perspectiva amplia y de compromiso del Estado para facilitarlo
* La diputada presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, con el fin de reconceptualizar el derecho a la vivienda, desde un enfoque que lo asuma como un mandato vinculante y no como una meta aspiracional
* Plantea reposicionar la producción pública de vivienda como un eje estratégico de la política social urbana que incorporare como obligación de la política habitacional del Estado, el fortalecimiento de la producción pública directa de vivienda, su financiamiento multianual y la creación de un parque habitacional en arrendamiento asequible con criterios de equidad territorial
Redacción
Con la finalidad de robustecer el marco normativo local en materia de vivienda desde una visión integral, con enfoque de derechos humanos, justicia social y equidad territorial, la diputada Valentina Batres Guadarrama presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México.
En la capital de la República, una de las ciudades más desiguales de América Latina, coexisten barrios populares carentes de infraestructura con enclaves de alta plusvalía urbana, por lo que se vuelve imprescindible “repensar el papel del Estado en la garantía efectiva del derecho a una vivienda adecuada”.
“El modelo neoliberal de desarrollo urbano ha privilegiado la lógica de la acumulación sobre la función social del suelo y la vivienda. Esta lógica ha derivado en una profunda financiarización del hábitat urbano, donde la vivienda ha dejado de ser concebida como un derecho para convertirse en un activo financiero, subordinado a las dinámicas especulativas del capital inmobiliario globalizado.
“La financiarización, el desmantelamiento de las capacidades productivas del Estado, la captura corporativa del suelo urbano, la gentrificación y el desplazamiento poblacional no son fenómenos aislados, sino expresiones de un mismo proceso estructural que perpetúa la desigualdad y la exclusión urbana. Estos procesos impactan de manera desproporcionada a las mujeres, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas, por lo que resulta indispensable incorporar un enfoque interseccional en el diseño de las políticas públicas de vivienda”, contextualizó la legisladora Batres en la exposición de motivos de su iniciativa.
Por tales motivos, la iniciativa de Batres Guadarrama propone avanzar hacia un nuevo paradigma de política habitacional, uno que asuma el derecho humano a la vivienda como un mandato vinculante y no como una meta aspiracional.
“Esto implica recuperar y fortalecer la capacidad del Estado para planear, producir, regular y garantizar vivienda adecuada con criterios de inclusión social, justicia distributiva, sostenibilidad territorial y participación democrática.
“En particular, se plantea reposicionar a la producción pública de vivienda como un eje estratégico de la política social urbana, pues la vivienda adecuada ha sido reconocida como un derecho humano”, argumentó.
Asimismo, la iniciativa busca mitigar la crisis estructural en materia de vivienda en la Ciudad de México que se manifiesta tanto en términos cuantitativos como cualitativos, pues según el Programa Sectorial de Vivienda 2022–2024, el déficit asciende a 801 mil 55 viviendas adecuadas, lo que afecta a más de 2.6 millones de persona que viven en condiciones precarias y sin servicios.
“La crisis habitacional en la Ciudad de México no es un fenómeno técnico o circunstancial, sino el resultado de decisiones políticas, económicas e institucionales que deben ser corregidas con urgencia”, apuntó.
Así, por ejemplo, las reformas a la Ley de Vivienda local deberán “incorporar como obligación de la política habitacional el fortalecimiento de la producción pública directa de vivienda, su financiamiento multianual y la creación de un parque habitacional en arrendamiento asequible con criterios de equidad territorial”.
También, establecer lineamientos para la creación de un banco público de suelo, como instrumento de planeación y control democrático del territorio que permita destinar reservas para vivienda social y evitar la especulación inmobiliaria.
La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Vivienda.