Proponen iniciativa “Ley de Regreso Seguro”

Para contribuir a garantizar una movilidad segura, humana, responsable y solidaria en la Ciudad de México, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) presentó ante el pleno del Congreso local la iniciativa para la Ley de Regreso Seguro, a fin de fortalecer la legislación vigente.

“En esta gran ciudad que nunca duerme, la diversión es parte de nuestra identidad: bares, restaurantes, centros nocturnos, espacios donde miles de personas celebran, ríen, conviven y disfrutan. Pero también, lamentablemente, muchas veces esas noches de alegría terminan en tragedia”, expresó.

Informó que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el INEGI, en la Ciudad de México uno de cada cuatro accidentes de tránsito con víctimas está relacionado con el consumo de alcohol; mientras que a nivel nacional, según la OMS, el 19 por ciento de las muertes viales están vinculadas a conductores en estado etílico.

Reconoció la implementación del Programa “Conduce sin Alcohol” por parte del gobierno capitalino como un esfuerzo que ha salvado miles de vidas, sin embargo, aunque protege en las calles, disuade y previene, “el riesgo no empieza en la calle, sino dentro de los establecimientos, en el momento en que alguien toma la decisión de manejar”, por lo que esta propuesta no lo sustituye, sino que lo complementa desde la prevención.

Asimismo, la Ley de Establecimientos Mercantiles, en su artículo 10, apartado B, fracción I, establece que los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas deben exhibir los números de sitios de taxi debidamente autorizados por la Secretaría de Movilidad, pero en la práctica no se cumple esta norma.

“¿Quién ha visto realmente uno de esos directorios en un bar o restaurante?, yo no he visto ninguno, y quienes los tienen, exhiben una cartulina con un número viejo, desactualizado o incluso inexistente. No sabemos si esos teléfonos funcionan, si los taxis están autorizados, o si siquiera hay unidades disponibles a las tres de la mañana, cuando la gente más los necesita”, afirmó la legisladora Mateos Hernández.

Recordó que recientemente se han registrado casos de abuso, acoso, robo e incluso secuestros cometidos por supuestos conductores de plataformas digitales privadas, lo que muestra que la seguridad en el transporte nocturno no está garantizada.

En este sentido, resaltó la urgencia de darle operatividad a la Ley de Establecimientos Mercantiles, que incorporó la obligación de exhibir teléfonos de sitios de taxi y que los establecimientos ofrecieran el apoyo para quienes lo necesitaran, “porque lo cierto es que, aunque la norma existe, en la práctica los establecimientos no exhiben nada y no tenemos certeza sobre la actualización de los teléfonos si es que los llegaran a exhibir, ni mecanismos que garanticen la disponibilidad del servicio nocturno”.

La propuesta presentada por la diputada Elizabeth Mateos plantea reforzar esta ley y hacerla funcional, y dar a la Secretaría de Movilidad local la facultad expresa de crear, actualizar y supervisar un Directorio Oficial de Transporte Nocturno Seguro, organizado por alcaldía, con taxis debidamente registrados y con constancias visibles en sus vehículos.

Para su implementación, se plantea que la SEMOVI lance una convocatoria abierta a los sitios de taxi concesionados que deseen registrarse para trabajar en horarios nocturnos; se organizará un directorio por alcaldía, con taxis verificados y tarifas accesibles, cada taxi tendrá su constancia visible y renovable cada tres años; los establecimientos deberán exhibir obligatoriamente el directorio y brindar apoyo a las personas que no puedan conducir; y los sitios de taxi llevarán un registro de viajes, para control y transparencia.

Como parte de los beneficios concretos de esta propuesta se reducirían los accidentes y las muertes por conducir bajo los efectos del alcohol; se garantizaría un traslado seguro para mujeres, jóvenes y cualquier persona vulnerable; se fortalecería al gremio de taxistas, dándoles reconocimiento, estabilidad y trabajo digno; y se promovería una cultura de corresponsabilidad social, donde el Estado, los establecimientos y los prestadores de transporte colaboren en la prevención.

Esta iniciativa se turnó para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial.