Iniciativa legislativa propone establecer un registro de personas violentadoras contra las Mujeres como medida de prevención en la CDMX
Redacción
Durante la sesión legislativa de este día, la diputada Elizabeth Mateos Hernández presentó la iniciativa llamada “Registro de personas sentenciadas por violencia contra las mujeres”, con el objetivo de fortalecer la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.
Desde la tribuna, la legisladora señaló que la propuesta responde a una prioridad de Estado: actuar “con legalidad, con perspectiva de género y en plena congruencia con los principios de la Cuarta Transformación”.
Para dimensionar el reto, mencionó algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, que indican que una de cada tres mujeres en la región de las Américas ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por terceros. Asimismo, recordó que, de acuerdo con la encuesta del INEGI, sobre la Dinámica de las relaciones en los Hogares, en México 70.1 % de las mujeres de 15 años y más ha vivido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida.
En el ámbito local, destacó que de enero a agosto de 2025 se registraron 49,785 llamadas al 9-1-1 relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres- Se trata, señaló, de “un dato que no sustituye denuncias, pero sí refleja el uso del 911 como canal inmediato de auxilio y la necesidad de seguir fortaleciendo la prevención y la atención.
En ese contexto, reconoció las 15 acciones para fortalecer la Alerta por Violencia contra las Mujeres anunciadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entre ellas la creación y despliegue de la Policía de Género. También subrayó que el feminicidio disminuyó 35.3% en 2025, al pasar de 68 casos en 2024 a 44 en 2025, así como el avance en judicialización. “Con esa lógica, nuestra propuesta se coloca como una herramienta complementaria”, afirmó.
Mateos Hernández señaló que existen antecedentes que muestran cómo un registro puede cumplir una función preventiva cuando se integra con criterios claros, como el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE. Recordó también el Registro Público de Agresores Sexuales impulsado en la Ciudad de México y los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 187/2020 y su acumulada 218/2020, sobre proporcionalidad y protección de derechos.
A partir de ese aprendizaje institucional y jurisprudencial, la iniciativa propone la creación del Registro con finalidad preventiva y bajo un diseño que cuide el equilibrio constitucional mediante dos vertientes:
Una consulta pública, que difundirá únicamente nombre, alias y fotografía de la persona sentenciada, sin domicilio ni datos sensibles; y una consulta restringida, con datos ampliados exclusivamente para autoridades competentes, bajo reglas estrictas de resguardo.
La diputada enfatizó que el principio rector será la protección de las víctimas. “El registro no puede, ni debe, convertirse en un espacio de revictimización; su objetivo es prevenir y proteger”, sostuvo, al aclarar que no incluirá datos de las víctimas.
En su intervención, explicó que el registro puede hacer la diferencia en la vida cotidiana. “Si esa mujer consulta el registro y encuentra que esa persona aparece con antecedentes de violencia contra nosotras las mujeres, ese dato puede ayudarle a tomar decisiones a tiempo”, expresó la legisladora.
Finalmente, subrayó que la iniciativa busca también enviar un mensaje claro: “en la Ciudad de México la violencia contra las mujeres es inadmisible”.
“Esta iniciativa viene a sumar y fortalecer”, concluyó, al solicitar el respaldo del Congreso. “Porque prevenir también es proteger. Porque protegernos a nosotras las mujeres es una causa de justicia”.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de igualdad de género y de administración y procuración de justicia para su análisis y dictamen.