De 6 a 11 años de prisión a defraudadores inmobiliarios

Para combatir frontalmente los fraudes inmobiliarios, delito en contra del derecho  de adquirir una vivienda digna, la diputada Ana Buendía García, presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, consideró necesario agravar este ilícito con una reforma al código penal local, que castigue  a los infractores con sanciones de hasta 11 años de prisión.

Al presentar la iniciativa correspondiente en la tribuna del Congreso capitalino, dijo que el acceso a una vivienda digna se ha vuelto un desafío por el encarecimiento del mercado inmobiliario. Así como diversos factores, incluyendo la alta demanda, la limitada oferta de terrenos y la especulación inmobiliaria. Como resultado, los precios de las viviendas han aumentado significativamente y propiciado delitos, ofreciendo propiedades en venta o alquiler a precios sorprendentemente bajos.

Indicó que estos fraudes se facilitan con la suplantación de identidad y también que los  delincuentes usan tecnologías para crear documentos falsos y hacerse pasar por propietarios legítimos, al mismo tiempo que con los remates bancarios,  empresas fraudulentas anuncian inmuebles a precios atractivos para atraer a compradores incautos, a quienes solicitan un adelanto o incluso el pago total de la propiedad sin que los compradores verifiquen la  autenticidad de la oferta y cuando reciben, el dinero desaparecen.

La legisladora de Morena informó que según el medio de comunicación El Financiero,  los intentos de fraude inmobiliario en línea han aumentado 70% en 2024. Los estafadores utilizan plataformas digitales para ofrecer propiedades ficticias a precios atractivos, engañando a los compradores con documentos falsificados y promesas falsas, y desde luego, consideramos que la falta de regulación en el sector y la creciente confianza en las transacciones en línea han contribuido a este aumento alarmante de fraudes.

“Asimismo, recientemente, en el medio de comunicación de radio 88.9, el periodista Alejandro Villalvazo presentó un caso alarmante de fraude inmobiliario, donde “Diana y su esposo” soñaban con comprar una casa y fueron víctimas de estafadores que les ofrecieron un remate bancario. Les pidieron un adelanto de 250 mil pesos, pero nunca recibieron ni la propiedad ni la devolución del dinero. Este hecho se remonta a 2019 y hasta la fecha siguen sin solución”.

Por todo, ello, continuó Buendía García, “la iniciativa propone adicionar una fracción XVII al artículo 231 del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de fraude. Esta adición penalizaría de 6 a 11 años de prisión o de acuerdo al valor de lo defraudado en el artículo 230, para establecer que, “con la intención de obtener un beneficio económico indebido, engañe, simule, manipule, venda o pretenda hacerlo, o induzca al error a otra persona respecto a la existencia, condiciones, valor o derechos sobre inmuebles ofrecidos en subasta o remate por instituciones bancarias o financieras.”

A la iniciativa se suscribieron las diputadas Diana Barragán, Rosario Morales, Judith Venegas, Erika Rosales, Diana Sánchez y Claudia Ramos, así como el diputado Israel Moreno.